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¿SABÍAS QUE EN NICARAGUA AÚN NO PODEMOS USAR LA FIRMA ELECTRÓNICA?

Oct/2020

Muy probablemente en más de una ocasión te ha tocado completar un formulario de alguna empresa u organización, el cual para finalizar el documento vemos un lugar donde dice: FIRME AQUÍ, seguido de un amplio recuadro donde podemos utilizar un puntero para hacer nuestro garabato, como cuando utilizábamos Paint  en la primaria, o también vemos en los documentos en PDF que desde hace varios años incluyen una herramienta para que podamos agregar nuestra firma digital.

Debido a la pandemia de COVID-19 y la transformación irreversible del mundo, el uso de la tecnología se ha vuelto fundamental para la simplificación y agilización de trámites; sin embargo, e incluso contando con una Ley de Firma Electrónica, los nicaragüenses aún no podemos utilizar esta tecnología, ya que nos ha tomado más tiempo incorporar estas herramientas. A pesar de eso, hemos celebrado la noticia de determinadas instituciones públicas que están implementando diversas gestiones de trámites en línea, porque ¿a quién no le gusta ahorrar horas y horas de espera?

Ahora les cuento, ¿qué significa que la firma electrónica aún no se pueda utilizar en Nicaragua? Bueno, la Ley No. 729 Ley de Firma Electrónica, publicada en La Gaceta No. 165 del 30 de Agosto del 2010, y el Decreto 57-2011 Reglamento de la Ley No. 729 publicado en La Gaceta No. 211 del 8 de noviembre del 2011, tienen como objeto otorgar y reconocer valor jurídico a la firma electrónica certificada, lo cual significa que un documento con firma electrónica, puede tener la misma fuerza legal que un documento con firma manuscrita ante cualquier entidad pública o privada, en procesos judiciales, administrativos u otros en Nicaragua, a excepción de los siguientes casos:

  • Actos jurídicos del derecho de familia
  • Actos personalísimos en general, como aquellos donde se debe comparecer ante Notario Público.
  • Disposiciones por causa de muerte
  • Actos que deban ser realizados bajo las formalidades exigidas por la Ley de la materia o por aquellos acuerdos entre las partes.

 

Para dar uso a la firma electrónica, hay dos sujetos fundamentales: la Dirección General de Tecnología (DGTEC) y el Proveedor de Servicios de Certificación. La DGTEC es una dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada de la validación, autorización, cancelación, inspección y administración de todo proceso relacionado con la firma electrónica. Esta entidad es la responsable de otorgar la acreditación correspondiente al Proveedor de Servicios de Certificación quien es la persona jurídica que otorga, registra, mantiene y publica los certificados de firma electrónica, la cual, entre otros requisitos, debe contar con sistemas y productos fiables que garanticen la seguridad jurídica, técnica y criptográfica de los procedimientos con que trabajan, así como la confidencialidad de la información, con el objetivo de poder evitar la suplantación de identidad y asegurar la autenticidad de los documentos.

Hasta la fecha, Nicaragua no cuenta con un Proveedor de Servicios de Certificación, lo cual, posiciona al país como un lugar con difícil adaptación a los cambios y avances del resto del mundo, y esto limita las alternativas de nuestros clientes para el desarrollo de sus actividades comerciales en cuanto a la fuerza legal que pueden tener sus documentos si la firma electrónica fuese una alternativa.

Esto da lugar a que, hoy, en el año 2020, la opción que podemos ofrecer a nuestros clientes es que las partes utilicen su firma manuscrita para la validez de sus documentos. Si las partes se encuentran en distintos países, deberán enviar vía Courier su firma manuscrita a un mismo lugar, para anexar las mismas al resto del contenido del documento.

Tras las medidas de distanciamiento social para afrontar el COVID-19, y que trajo consigo el cierre de aeropuertos y la pausa de muchas actividades comerciales, temas como la firma electrónica toman nuevamente realce, porque es una vía para agilizar y simplificar procesos, pero más importante, para otorgar seguridad de los documentos electrónicos que pueden circular en el territorio nicaragüense, y que estos cuenten con la misma validez y autenticidad como que si tal tuviesen la firma manuscrita del titular. 

Legislativamente ya estamos preparados desde hace nueve años pero nos falta implementarlo. Es responsabilidad de todos instar a las Autoridades de Nicaragua a evolucionar en estos temas que agilizan y simplifican nuestras actividades del día a día. El mundo está adaptándose  a una velocidad que nunca imaginamos, ¡no podemos quedarnos atrás!

Si tiene preguntas o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en contactarnos.

 

Ana Teresa Rizo Briceño
Socia

ana.rizo@ariaslaw.com

 

Yara Alemán Sequeira
Asistente Jurídico

yara.aleman@ariaslaw.com

 


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